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que el estado agitado del mar agrega inquietud entre quienes no acostumbran experimentar estas condiciones. En eso están, cuando se ve a la tripulación abandonar el barco mientras otras personas toman el control del mismo. Desde uno de los vehículos desciende un conductor que con algo de torpeza se arrima al puente de mando emprende la marcha. Una brusca acelerada, seguida de otras tantas provoca tensión entre los ocupantes, a ello se agrega el rumbo errático y el excesivo tiempo que llevan de navegación. En varias ocasiones la barcaza se atraviesa y queda a merced de las olas y la corriente mientras el nuevo capitán y sus ayudantes hacen esfuerzos denodados por recuperar el control y evitar una tragedia, hasta que tras un par de horas y ayudados por antiguos manuales de navegación -desechados en primera instancia-, logran llegar a la rampla no sin antes chocar contra ella y dejar tras de si un conjunto de pasajeros en medio del canal tras caer del barco, otros enfermos, mareados y afectados, además, de daños cuantiosos en los vehículos y especies transportadas”.
Una situación como la descrita, provocaría conmoción y escándalo quizá de alcance nacional, los medios de comunicación se agolparían para conocer la versión de los pasajeros sobre las horas de terror vividas, videos difundidos por las redes sociales demostrarían la gravedad de la situación y expertos, políticos y autoridades varías pedirían las penas máximas a quienes sean responsables de tamaña negligencia.
Cada 4 años ocurre algo parecido en muchos municipios de Chile, aunque de forma menos dramática que en el relato. En estos casos no se trata de un trayecto en barco, más bien se trata de la gestión de Municipios, Departamentos de administración de educación o Corporaciones municipales las que viven modificaciones en la dotación y que experimentan zigzagueos, acelerones y sobre todo retrocesos serios, pero a la vez aparentemente imperceptibles para los habitantes de cada territorio. Es sabido que cada administración quiere desarrollar la tarea de gobernar con lo que comúnmente se denomina “su gente”. No obstante, este afán adolece de un vicio que no deja de ser menor, como es negar la competencia de los equipos técnicos profesionales del gobierno saliente y el trabajo por ellos desarrollado. En este sentido, tras cada cambio se inicia una verdadera purga en la cual los funcionarios en ejercicio se enfrentan al desdén de las nuevas autoridades y a la precarización de sus condiciones de trabajo, incurriendo en numerosas ocasiones en despidos injustificados, menoscabo laboral y moral y otras prácticas conocidas pero no por ello aceptables, por mucho que se ocupe la tan maneada expresión de que “eso siempre ha pasado”.
La trayectoria de un funcionario en la gestión pública debe estar asociada a la meritocracia propia del buen o mal desempeño de la función y no a conceptos como confianza política o cuoteo, que terminan por superponer intereses políticos de corto plazo a las competencias técnicas y a los objetivos propios del desarrollo comunal, en caso que estos existan.
En muchos municipios han debutado nuevos alcaldes y concejales, secretarios generales y otros encargados de áreas específicas. En el caso de los alcaldes y concejales, es de público conocimiento que la competencia técnica o la preparación profesional o personal para el ejercicio del cargo no es un factor crítico en la elección, representando esto uno de los mayores contrasentidos de nuestra gestión pública. En el caso de los funcionarios municipales y corporativos, esta excepción técnica tan propia de las autoridades políticas no es aplicable. La gestión técnica municipal en el ámbito de la educación requiere preparación formal y entrenamiento en la función, dado que –para pesar de muchos- los requisitos y control financiero y pedagógico, transparencia y desempeño técnico desde el nivel central se han vuelto más complejos y demandantes que hace 10 años, en especial con la presencia permanente de la Contraloría General de la República y la recién creada Superintendencia de Educación.
Hoy, ya no basta solo con ser ordenado. Para gestionar eficientemente programas ministeriales de educación se requieren competencias específicas que están sujetas al cumplimiento de metas e indicadores verificables, en donde el sentido común y el buen criterio son solo valiosos complementos a destrezas reales y habilidades de tipo profesional y de liderazgo directivo. Con esto no digo que sea imposible de llevar o que quienes tienen cargos técnicos sean iluminados superlativos, pero a lo menos se requiere de preparación académica formal, habilidades blandas y duras y por lo menos un mínimo de experiencia previa en cargos similares.
Es preocupante que en cargos de trascendencia crítica en las organizaciones como Secretarios Generales, jefes de personal o encargados de diversa laya se nombre a personas que tienen el honor de debutar en los ámbitos propios de la administración. ¿Es imposible que aprendan? En absoluto, pero mientras se ubican en el tiempo y el espacio del funcionamiento público municipal el costo de aprendizaje lo pagan los funcionarios y usuarios dependientes de su responsabilidad. Además, 4 años es un periodo en donde se deben ejecutar una serie de iniciativas que por lo general generan exigencias más bien urgentes y no hay mucho tiempo para estar aprendiendo, en especial en aquellos programas de continuidad.
En nuestro sistema hay muchos ejemplos de personas que sin intermediar previamente un cargo de responsabilidad han ingresado al sistema público a hacer o intentar hacer gestión o bien como operadores políticos o peor aún para pagar un favor de campaña, lo que en definitiva lleva a preguntarse ¿Dónde están las prioridades de las autoridades al nombrarlos? Ya que el impacto de estas decisiones incide en lo que le pasa a las personas todos los días; un directivo poco competente va a sobrecargar a otros actores del sistema, va a manejar de forma ambigua la toma de decisiones, va a dilatar resoluciones urgentes al carecer de una carta de navegación y objetivos claros –producto de la inexperiencia o incompetencia- y en no poco casos tendrá conductas déspotas hacia sus pares y subordinados para proyectar una muy precaria imagen de autoridad, generando conflictos innecesarios como los que se observan hoy en algunas comunas con administraciones debutantes.
Sin duda hay muchos otros factores que inciden negativamente en la marcha de una organización, y estos configuran un escenario trágico para el desarrollo comunal ya que no se sigue una línea base fundada en una visión comunal estratégica debidamente concordada y aceptada de acuerdo a criterios de formales, sino que cada 4 años se inicia de cero sobre una hoja en blanco un proceso que demora en instalarse a lo menos 2 años, dejando en el camino opciones de un desarrollo mayor y muy
poco tiempo para desarrollar una gestión propia, ya que siempre se debe volver a lo anterior, por más que se niegue o desvirtué su proceso.
Héctor Soto Arias
Diplomado y Post titulado en Gestión Directiva de Organizaciones Escolares
